Europa fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE arrancó en 2005 y cubre aproximadamente el 45 de todo el CO2 que genera la actividad humana en el continente. El europeo sigue siendo el mayor mercado del mundo, con 31 países–los 28 miembros de la UE ,más Islandia. Liechtenstein y Noruega- y 11.000 centrales eléctricas e instalaciones de industriales dentro.
Pero el sistema-en el que se otorgan gratuitamente, se compran y se venden los derechos para emitir gases- no funciona correctamente por el exceso de oferta, que ha hecho que los precios estén por los suelos. La idea de partida era que, al ponerle un precio a cada tonelada de CO2 que se emite, a las empresas les compensaría hacer inversiones para ser más limpias o cambiar de tecnologías. Pero, al aplicar el régimen, el problema ha sido el precio. Este jueves la tonelada de CO2 estaba a 5,46 euros, muy lejos de los 25 o 30 euros que la mayoría de informes sitúan como frontera desincentivadora. Cuando la tonelada llegase a ese techo de 25 euros, a una compañía eléctrica, por ejemplo, ya no le compensaría emplear carbón y se pasaría a otras tecnologías, calculaban los expertos.
«La crisis económica ha contribuido a una caída de las emisiones y a una bajada de la demanda de derechos», concluía un informe de 2015 del Consejo de Europa, en el que se instaba a Bruselas a reformar el modelo. En 215 comenzó ese proceso de reforma, en el que participan la Eurocámara, la Comisión y los ministros de medio ambiente de la UE. Se espera que este año el proceso esté finalizado y ya esté clara la hoja de ruta para la fase cuatro del ETS, la que irá de 2021 a 2030.
«Fuimos los primeros y hemos tenido que ir aprendiendo», señala Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático cuando habla de la «sobreoferta» de derechos. En su último informe de seguimiento, la Comisión Europea cifraba en 1.780 millones de toneladas el excedente de derechos de emisiones que se había acumulado a finales de 2015. Esto equivale al CO2 que expulsa todo el sector sujeto a este régimen en un año en la UE.
CRISIS Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
La crisis hizo que la actividad industrial cayera en Europa y con ella la demanda de esos derechos. Pero año a año se seguían repartiendo casi los mismos derechos de emisiones a los países. Una parte de esos derechos, el 43%, cada país la otorga gratuitamente a determinadas empresas, como cementeras. El resto, 57%, se subastan y van a parar a ese mercado sobreofertado, al que tienen que acudir, por ejemplo, las centrales térmicas de carbón.
El debato ahora en Europa está en buscar la fórmula para «limpiar» la sobreoferta, apunta Ulargui, que esta semana ha participado en la reunión de ministros de medio ambiente europeos en la que se ha fijado una posición común. Se ha acordado una reducción lineal del 2,2% de los derechos de emisión a partir de 2021. Hasta 2020, esa tasa seguirá siendo del 1,74%. La Comisión calcula que la tasa que se aplicará a partir de 2021 supondrá que 556 millones de toneladas de derechos no entrarán en el mercado la próxima década. Ese recorte del 2,2% es también el que recientemente propuso el Parlamento Europeo.
Pero, más que en esa tasa lineal, la clave estará en «flexibilizar la oferta para equilibrar la demanda, opina Ismael Romeo, director genral de SENDECO2, empresa especializada en la compra y venta de derechos. Para eso está prevista la creación de una reserva que intervendrá en el mercado reiterando o inyectándolos.
La reserva empezará a operar a partir de 2019. Contará desde el principio con 900 millones de derechos aplazados (que debían haber entrado en el mercado en 2014, 2015 y 2016). Los ministros de medio ambiente han acordado esta semana también duplicar el número de derechos que se retirarán a partir de 2019 y que irán a parar a la reserva.
Romeo cree que otro de los puntos fundamentales que se está negociando, y que defienden también los ministros de medio ambiente de la UE, es la «caducidad» de los derechos reiterados, que no podrán ser válidos sine díe. Esta medida, al igual que el resto, de las que prepara la UE busca lanzar un mensaje para que aumenten los precios y para que el sistema europeo acabe funcionando.
EL TEMOR A LA DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS
Tiene hasta nombre: “fuga de carbono”. Se llama así al riesgo de que una empresa deslocalice su producción hacia países en los que no se paga por emitir gases de efecto invernadero si le resulta demasiado caro operar en Europa. Ese riesgo justifica el reparto de derechos de emisión gratuitos. La proporción del 53% (subasta) 43% (gratuitos) seguirá como hasta ahora. Pero Valvanera Ulargui señala que se incluirán “factores de corrección”.
La propuesta del consejo de ministros de medio ambiente europeos de esta semana no salió adelante por unanimidad. A favor votaron 19 países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido y España. En contra, nueve, entre los que destaca Polonia, muy reacia a las políticas climáticas por el temor a que su economía, muy centrada en actividades contaminantes, se vea afectada.
Fuente de la noticia: http://economia.elpais.com/economia/2017/03/03/actualidad/1488563461_784629.html